Ante la situación insostenible donde la cifra de desahucios en el primer semestre de 2012 supera los 37.000, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidente del Gobierno, y Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE trabajarán medidas urgentes contra los desahucios. Se pretende prevenir y paliar la situación, sobre todo, de las familias en situaciones más frágiles, como las que tienen niños o mayores a su cargo, con el fin de evitar que se queden en la calle.
La redacción de los detalles técnicos será el próximo lunes y las dos diligentes políticas contarán con un grupo de seis expertos, tres propuestos por el Gobierno y tres por la oposición, que ayudarán a diseñar el primer borrador. Estas medidas urgentes se expondrán en forma de real decreto ley o proyecto de ley que las Cortes gestionarán por el procedimiento de urgencia.
La ley española de desahucios no acepta detener ningún desahucio puesto que las entidades bancarias pueden remitir a una cláusula que permite seguir con el procedimiento. Una vez se ha procedido a la expulsión es cuando el afectado tiene derecho a denunciar el caso, pero en un juicio posterior.
CatalunyCaixa forzó la salida de la vivienda de un ciudadano, en enero de 2011. Este, hoy, solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario así como la anulación del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria. El ciudadano en cuestión denunció a la entidad en financiera y el juzgado mercantil de Barcelona, encargado de resolver la denuncia, ha presentado una cuestión al TUE. Según ha dictaminado la abogada general del TUE Juliante Kokott la ley vulnera la normativa comunitaria. La ley de desahucios no garantiza una la protección eficiente de los consumidores contra las posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
En España se producen una media de 159 desahucios de vivivienda por impago de alquiler o hipoteca y el 82% de estos desalojos se ejecutan a familias con menores a su cargo. En la mayoría de estos caso, los afectados no cuentan con una alternativa al problema. La esperanza que les queda es que las nuevas medidas que pactará la vicepresidenta del Gobierno y la número dos del partido socialista sean lo suficientemente legales y morales como para evitar que se repitan este tipo de sucesos.
De momento, el secretario general del Banco de España, Javier Priego Pérez, ha declarado que se la entidad se dedicará a pedir información a los bancos para estudiar los casos de desahucios que hasta ahora se han producido. La información que obtenga será enviada al parlamento y al congreso para así poder deternimar la magnitud del problema. Las entidades financieras tendrán que pedir información sobre el número de desahucios y el tipo de ejecuciones hipotecarias.
Y esque según el INE, hay 5,6 millones de viviendas vacías, el 20 % del parque inmobiliario. Los datos estadísticos revelan que desde 2006 y hasta 2011 se presentarion en España una cifra que roza las 400.000 ejecuciones hipotecarias, casi el equivalente al 10% de las hipotecas formalizadas en ese periodo.
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